Pongamos que un club organiza una carrera de atletismo por el monte, nueva en el calendario, para dar más lustre a las fiestas de un barrio de un pueblo. Pongamos que el club decide la fecha, la hora, el recorrido y el número de atletas que va a participar. Pongamos que busca patrocinadores y encuentra premios en metálico. Pongamos que, dos días antes de la prueba, uno de los organizadores recibe una llamada en su móvil. Pongamos que al otro lado del auricular está al habla con... la Guardia Sivil. "Bueno día. No hemo enterau de que van a organisar una carrera", dice el agente ante la sorpresa del telefoneado, que se pregunta de dónde diablos habrán obtenido su número de móvil. El diligente guardia explica que la carrera de marras supone una concentración de gente y vehículos en pleno monte, lo que conlleva el riesgo de que se produzcan incendios (a pesar de que los días en cuestión llovía a mares), y patatín y patatán. El susodicho organizador que jamás había oído hablar del Seprona se da ya por enterado cuando hace la pregunta del millón: "Y si se disputa sin permiso, ¿qué puede pasar?". Que le cae una multita de entre 3.000 y 60.000 euros, caballero. Pues nada, se pide el permiso, se cumple con la burrocracia y todos tan contentos, piensa el organizador. Pero no, amigo, que la Administración es un poco lenta y la tramitación cuesta lo suyo. Así que las fiestas del barrio se quedan sin prueba, la Guardia Civil sigue tan diligente (el día de la carrera apareció por el lugar a la hora de la salida) y los atletas, en chándal. Por cierto, habrá carrera. El 16 de septiembre, con la venia de la Guardia Sivil.
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