Acostumbrados como estamos a que los ayuntamientos, sean del color político que sean, nos abrasen a impuestos, descubrimos de repente que el alcalde de Puigcerdà, en Girona, ha decidido premiar a los conductores que no infringen la ley. Que no se diga que los consistorios tienen siempre un afán recaudatorio. Joan Planella, de ERC, ha creado lo que ya se denomina como "cheque al buen conductor". Su idea, todavía no plasmada en la práctica, consiste en que el dinero que se ingrese por las sanciones de tráfico se reparta entre los conductores que no hayan recibido una sola multa en 2009. Hechos los cálculos, los conductores ejemplares vendrían a percibir entre diez y doce euros. Es calderilla, pero sirve para abrir el debate sobre si se debe recompensar a los ciudadanos por cumplir con su obligación de respetar las leyes y las normas. Desde luego, algunos ayuntamientos a veces parecen ir más allá de la ley. Uno nunca ha entendido por qué el importe de las multas por superar el horario de estacionamiento en OTA se disparan hasta límites inexplicables. He aquí un ejemplo real como la vida misma: rebasar el tiempo de aparcamiento en OTA en Bilbao supone una primera multa de doce euros. Tres años y varias notificaciones de embargo después, esa sanción asciende a 89 euros. Es decir, se multiplica un 641%. Y recuérdese que no se trata de una infracción de tráfico porque, lógicamente, si se ha estacionado en una plaza de OTA, el vehículo está correctamente aparcado. Con ejemplos así, ¿quién defiende que no hay un afán recaudatorio en las multas de OTA?
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