Por 429 votos a favor, 225 en contra y 19 abstenciones, la Eurocámara dio luz verde ayer a una resolución en la que declara la situación de “emergencia climática y medioambiental”, y reclama medidas urgentes a la Comisión Europea, a los gobiernos de la UE y a “todos los agentes mundiales”. La primera medida la puede adoptar en su propia casa. O casas, habría que decir. El Parlamento Europeo tiene tres sedes (Estrasburgo, Bruselas y Luxemburgo) que nos cuestan un ojo de la cara. Unos 120 millones de euros al año. En más de una ocasión se ha planteado unificar en Bruselas las tres sedes, una decisión que debería pasar por encima del cadáver de Francia, que defiende a muerte el estatus de Estrasburgo, símbolo además de la reconciliación europea. El caso es que, metidos en harina, la triple sede de la UE no solo tiene un coste económico astronómico sino también medioambiental. Se estima que los viajes (en primera clase, faltaría más) de los 751 eurodiputados entre Bruselas y Estrasburgo (trabajan tres semanas en la capital belga, de lunes a jueves, y una semana en la ciudad alsaciana) suponen al menos 11.000 toneladas de emisiones de CO2. Así que ya saben sus euroseñorías por dónde empezar a combatir el cambio climático.
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