Afirmaba hace unos días Eneko Goia en estas mismas páginas que es optimista acerca de la implantación de una tasa que grave la estancia de los turistas en los alojamientos. Basta salir fuera para comprobar que Euskadi va tarde en este asunto. Catalunya aplica este tributo desde 2012, Baleares lo hace desde 2016 y en Europa es tan común pagar esta tasa como tomarte una cerveza o pagar por echar un pis. Más de 20 países y 140 ciudades te cobran un extra cuyo coste habitualmente varía en función del establecimiento. Cuantas más estrellas tiene un hotel, más pagas. No conozco a nadie que haya renunciado a conocer un destino turístico porque tiene que pagar la dichosa tasa. Londres es seguramente la excepción, aunque la medida se está aplicando en otros lugares del Reino Unido. Dado que las tasas no ahuyentan al turismo porque en algún caso el coste es hasta simbólico, hay dos preguntas sobre la mesa que las instituciones vascas deberán responder en el debate que se ha reabierto con la nueva legislatura: quién cobra el impuesto y a qué se destina ese dinero. Lleva razón Goia cuando dice que debería ser una tasa municipal y no autonómica. Los ayuntamientos son los que más acusan el impacto del turismo de masas y por pura lógica los ingresos se deberían destinar a las infraestructuras y a mejorar la calidad de vida de los vecinos que soportan las masas de visitantes.
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